CGE no firmará convenio con Gobierno y busca restarse de aplicar la Ley que impide cortes por deudas

CGE explicó que la aplicación de la Ley le ha significado grandes afectaciones económicas y que ésta no contempla "ningún mecanismo para atenuar las pérdidas".

 


A través de un hecho esencial, CGE informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que su directorio acordó por unanimidad “no autorizar la firma” para el convenio con el Ministerio de Energía de la Ley 21.423 (Ley de Servicios Básicos).

Dicha ley es la que regula el prorrateo y pago de deudas por servicios de agua potable y electricidad generados durante la pandemia, estableciendo subsidios a clientes vulnerables.

La empresa explicó que lo anterior se debe a que el monto de las deudas contempladas en dicha ley -y no cubiertos por el subsidio y sus costos asociados-, “se han estimado, en forma preliminar, en setenta millones de dólares, aproximadamente”.


En la misma línea, CGE argumentó que el convenio contempla la renuncia de toda acción de cobro respecto de las deudas “sin ofrecer ningún mecanismo para atenuar las pérdidas que esto involucra”.

Por ello, sostuvo en el hecho esencial que estudiará alternativas destinadas a “evitar la aplicación de esa ley en aquella parte que la priva y dispone de una proporción relevante de los créditos devengados durante el periodo referido por la prestación y venta de energía eléctrica a sus clientes finales o bien, en su caso, obtener la debida compensación de los perjuicios provenientes de la aplicación de la misma”.


La compañía señaló, por último, que continúa analizando los efectos materiales provenientes de la aplicación de la ley, “estando pendiente a esta fecha la dictación del Decreto Supremo que regulará la entrega de dicho subsidio (…)”.

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