Empresas arriesgan multas de hasta 200 UTM por contratar extranjeros sin autorización laboral
Chile registra más de un millón de trabajadores extranjeros, lo que exige a las empresas reforzar sus controles migratorios y laborales.
La participación de trabajadores extranjeros en el mercado laboral chileno se ha consolidado como un componente relevante de la actividad económica. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), actualmente hay 1.017.832 personas extranjeras ocupadas en el país, equivalentes a cerca del 11% del total de trabajadores.
Esta presencia también plantea desafíos para las empresas, particularmente en materia de cumplimiento de la normativa migratoria y laboral. Contratar a una persona extranjera exige verificar que cuente con una autorización de residencia o permanencia que la habilite para desarrollar actividades remuneradas en Chile, obligación que no se cumple únicamente con acreditar su ingreso regular al país o la presentación de una solicitud de residencia.
“Las empresas deben entender que la autorización migratoria para trabajar es un requisito independiente de las obligaciones propias de la relación laboral. Por eso, antes de contratar a una persona extranjera es fundamental verificar su habilitación laboral, mantener su documentación laboral junto a su estatus migratorio y conservar los antecedentes que acrediten que se encuentra autorizada para desarrollar actividades remuneradas en Chile”, explica Camila Garrido, directora del Área de Corporativo Laboral en Provoste Matamala Abogados.
A esto se suman otras obligaciones, como formalizar el contrato de trabajo incorporando las cláusulas laborales y previsionales correspondientes, registrar el documento ante la Dirección del Trabajo dentro de los 15 días hábiles siguientes a su celebración y mantener actualizada la documentación migratoria durante toda la relación laboral. Asimismo, las empresas que cuentan con más de 25 trabajadores deben considerar el límite general de contratación establecido en el artículo 19 del Código del Trabajo, que exige que al menos el 85% de su personal sea de nacionalidad chilena, con las excepciones que contempla la normativa.
El incumplimiento de las disposiciones migratorias puede tener consecuencias económicas importantes. De acuerdo con la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería, los empleadores que contraten a personas extranjeras sin la autorización correspondiente se exponen a multas que van desde las 60 hasta las 200 UTM por cada trabajador, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de la infracción.
“Hoy las empresas necesitan incorporar controles que les permitan revisar no solo la documentación al momento de la contratación, sino también su vigencia durante el vínculo laboral. La existencia de un contrato de trabajo o el pago de cotizaciones no subsana la falta de una autorización migratoria para trabajar. Una revisión preventiva puede evitar sanciones económicas y contingencias que terminan afectando directamente a la organización”, señala Camila Garrido.
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